El conflicto docente y la realidad de cabeza

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El liberalismo se ha aplicado con tenacidad a reducir las obligaciones comunitarias del Estado, llevándolas a su mínima expresión, con la vocación de dejar a cada ciudadano a su suerte.
Un latiguillo de hace décadas sostiene que el Estado debería concentrarse en la educación, la salud, la justicia y la seguridad.
No estoy para nada de acuerdo con eso, pero pongamos el foco en una obligación autoasumida por los liberales: la educación.
Hace ya mucho tiempo que los infatigables buscadores de negocios a expensas del conjunto de la población, descubrieron que la educación también podía serlo, no solo dando libertad absoluta a la educación privada para los sectores de mayores ingresos, sino también a la educación de gestión privada fundada en subsidios estatales.
Esta veta tiene como condición necesaria de crecimiento el deterioro de la escuela pública. A ello contribuye con fuerza la reforma constitucional de 1994, que derivó las administraciones educativas al ámbito de cada provincia, construyendo así una monumental discriminación entre jurisdicciones, tal que a las regiones más pobres del país se les marca un camino de deterioro solo evitable por un acuerdo nacional que lo evite.
Los docentes, por supuesto, son el medio imprescindible para implementar cualquier plan educativo, con una participación necesaria que es bueno recordar que debe ir mucho más allá de lo instrumental inmediato, porque sin la participación docente en la configuración de los planes, programas y métodos es inimaginable un resultado mínimamente eficiente.
Es en este marco político y conceptual que se debe analizar el salario docente y todo el resto del contexto de trabajo.
Reitero: La educación pública es una obligación irrenunciable del Estado y los docentes capacitados y dignamente remunerados son un componente obvio de esa obligación.
Este concepto es de alcance nacional y no fraccionable distrito por distrito. Si una Provincia no tiene los recursos, el Estado nacional tiene la obligación de proveerlos. Tiene la obligación esencial, más allá de las normas que se hayan dictado escapando de esa responsabilidad, a las cuales ni siquiera haría falta modificarlas, sino que deberían ser ignoradas, detrás del objetivo superior de garantizar un tema tan básico para la comunidad.
Todo argumento que se oponga a lo antedicho deviene falso en términos inmediatos. Una Provincia – como lo hacen Buenos Aires o CABA – no puede afirmar que no tiene recursos para pagar dignamente. Debe reclamar a la Nación.
Es así de simple.
Despues de eso, reitero: después de entender y asumir eso, aparece el análisis de ciertas conductas adaptativas que parte del colectivo docente pueda haber desarrollado a través del tiempo como consecuencia del destrato sistemático. El ausentismo innecesario o cualquier otra forma de reducción del compromiso del educador pueden y deben ser encarados con fuerza. Eso debe suceder un minuto despúes de reconocer de manera efectiva la responsabilidad del Estado nacional frente a una educación pública de jerarquía.


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