Algunas ideas para el Segundo Tomo

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Por Claudio Villella.

Vivo a 10 cuadras del Coto de José C. Paz. Enfrente de mi casa hay un kiosco que me vende el pan a 15 pesos el kilo. Dos cuadras antes del Coto, en la estación de José C. Paz, hay una panadería muy importante, que vende el pan a 12 pesos el kilo. En Coto, está el pan a precios cuidados a 18 pesos y el pan común a 23 pesos el kilo. Entonces, ¿Cuánto cuesta el pan en la Argentina? Si en 10 cuadras tenemos una diferencia del 100% del precio en el pan, ¿Cuál es la variación si aumentamos la distancia?

¿Cuál es la Argentina real? ¿La Argentina con el pan a 12 pesos, que es la que insistía en mostrarnos Guillermo Moreno, la Argentina con el pan a 18 pesos, que nos muestra La Campora a cada rato, o la Argentina con el pan a 23 pesos, o más, que nos muestra la oposición y que consume la clase media?

Me parece que el problema está ahí. No existe una sola Argentina, por eso no podemos hacer resúmenes berretas de la realidad nacional. Para colmo, el que vende el pan a 12 pesos es un reconocido militante de Sergio Massa, el que quiosquero de enfrente de casa es militante de Lilita Carrió, y Coto, bueno, Coto no es militante.

Entonces, como podemos observar, no es un problema de ideologías, ni siquiera es un problema de apoyos a determinados modelos. Es mucho peor, esto es un problema estructural, que atraviesa a toda la sociedad y que puede hacer fracasar cualquier proyecto, por más bueno que sea, si no es tomado en cuenta.

Cuando se escribió el Primer Tomo kirchnerista, se cometieron muchos errores, justamente, por ser la primera experiencia de un gobierno popular después de muchos años y por creer que la sociedad es monolítica, que sólo está formada por dos sectores: los amigos y los enemigos. En realidad, es mucho más complejo.

Ahora bien, durante el Primer Tomo nos podíamos dar el lujo de cometer esos errores. Con el Segundo Tomo, no. Ningún candidato puede presentarse ante la sociedad con el mismo discurso que en 2003. Nadie puede creer que la sociedad es simple, y nadie puede planificar su accionar y su mensaje a la sociedad sin ver que los actores son múltiples y los problemas tienen orígenes multicausales, no monocausales.

Generalmente, cuando se crea un programa de Gobierno, se lo hace en base a una necesidad y a una hipótesis de solución, en base a las herramientas con las que se cuenta en ese momento. Y funciona generalmente bien. Siempre y cuando no se cambien las condiciones, ya sea que mejoren por la aplicación del programa, o que empeoren por su falla, o por factores externos. El problema es que en el Estado los programas duran demasiado y es muy difícil acomodarlos a las realidades cambiantes de la sociedad.

Lamentablemente, la sociedad cambia más rápido que los programas estatales. En 2009, previo a la derrota electoral kirchnerista, se creó un programa de contención social que se denominó PRIST (Programa de Ingreso Social con Trabajo). Este plan consistió en otorgarles un subsidio a los beneficiarios a cambio de una contraprestación laboral y de la organización de los beneficiarios en cooperativas de 16 integrantes. El Estado sacó una resolución que creó unas cooperativas especiales, que no debían cumplir con todos los requisitos legales de las cooperativas normales y que, además, iban a estar tuteladas por el Estado. Este programa funcionó maravillosamente y logró incluir a muchos ciudadanos que no tenían ningún derecho a un tipo de trabajo con cobertura legal y seguridad social.

Luego de la derrota, el programa se masificó y pasó a llamarse Argentina Trabaja. Allí las cooperativas aumentaron su número de 16 integrantes a 300 o más. Y se perdió todo tipo de control de los trabajos, con lo cual el programa se comenzó a desgastar, los involucrados perdieron el interés, y si bien aún se mantiene, ya no da la cobertura que daba antes, ni siquiera se lo toma como un ingreso genuino, ya que al quedar desvalorizado, muchos beneficiarios lo toman como una changa.

Esto que estoy escribiendo hoy, octubre de 2014, tiene validez para este momento. Eso debe aprender nuestra democracia, nuestro Gobierno y nuestro Estado:

1 – No existe una sola Argentina, existen varias y muchas de ellas se desarrollan en el mismo territorio, como lo demostré con el pan.

2 – La sociedad es mucho más dinámica que el Estado, tomando como propios los derechos adquiridos y olvidándose rápidamente de los momentos en los que no los tenía.

3 – Quien quiera escribir el Segundo Tomo de este proyecto nacional y popular debe saber que tendrá que satisfacer a más de una necesidad, incluyendo las de aquellos a quienes no representa, y que pueda considerar como enemigos.

Por eso creo que mi aporte a este Segundo Tomo, como militante del Movimiento Evita y como profesional con una experiencia laboral que va desde quiosquero, chofer de reparto, patovica, barman, mozo, cartonero, vendedor de neumáticos, albañil, maestro mayor de obras, pasante en el área de ingeniería; asesor de empresas en el área de calidad, desde empresas de frenos, PYMES metalúrgicas, autopartistas medianas dedicadas a la refrigeración de motor, empresas de colectivos y empresas de capacitación en manejo de vehículos pesados, capacitador en albañilería, instalaciones sanitarias, normas de calidad, procesos industriales y manejo seguro de vehículos pesados; docente universitario y secundario de materias como matemáticas, taller de ajuste y carpintería, informática, y estática y resistencia de materiales; que además creó cursos de oficios metalúrgicos, eléctricos y civiles; mi aporte -decía- es justamente en áreas que generalmente no son temas de debate en el Evita, como la seguridad vial, la vivienda social y la seguridad pública.

Seguridad vial

Cada vez que hay una campaña política para las elecciones, los candidatos y sus plataformas, tanto de izquierda como de derecha hablan de economía, de empleo y de inseguridad. En este último tema especialmente, se habla muchísimo de las muertes ocurridas en ocasión de un robo, por violencia intrafamiliar, por las drogas, etcétera. Pero nunca se habla de uno de los hechos cotidianos que más muertes produce; el tránsito y el transporte.

Cada accidente de tránsito, sea en calles y rutas del país, o sobre las vías de un tren, trae innumerables costos para nuestra sociedad. Desde la simple demora en el tránsito que se cumple en el lugar, hasta los costos en vidas, indemnizaciones, en el sistema de salud, y sigue la lista.

Creo que este es un tema muy importante, que debe ser tratado de manera integral, no por partes. Es por eso que se deben tener en cuenta los tres aspectos que intervienen: Conductor, Vehículo y Medio Ambiente.

Conductor: El 90% de los peritajes sobre las causas de un accidente, determina que fue ocasionado por la impericia del conductor. En la mayoría de los casos de mayor difusión pública, y sin importar el vehículo conducido, el culpable es el que maneja. Sin indagar mucho en la historia, los dos accidentes de trenes en Once fueron culpa de la negligencia de los conductores. A raíz de estos accidentes se implementaron medidas de control sobre los conductores que por lo menos están en el camino correcto. En este caso, como en el caso de los pilotos de aviones, son fáciles de implementar, ya que se tiene el control antes de comenzar a conducir.

El problema surge cuando ese control se extiende al resto de los conductores. Si bien el choque de un auto o un colectivo nunca va a ocasionar la cantidad de víctimas que un accidente ferroviario o de aviación, en este tema toda vida cuenta. Entonces cabe la pregunta ¿Cómo se puede masificar este control?

Si bien no es posible practicar el control de todos los conductores, existen métodos que nos pueden garantizar, a un costo aceptable, llegar a la mayoría. Aquí van algunas posibles medidas, aunque seguramente existen más:

1 – Que en todas las renovaciones de la licencia de conducir los conductores reciban una capacitación teórico – práctica, de por lo menos 100 horas reloj, de manera obligatoria, dictada por personal capacitado y mediante un programa especial que sea igual en todas las jurisdicciones del país. Y, que además de enseñar técnicas de conducción según el vehículo y el medio ambiente reinante, brinde conocimientos elementales de la mecánica del vehículo, para poder entender mejor las técnicas de aceleración, giro y frenado. El objetivo principal de este curso es el de eliminar los accidentes que hoy son adjudicados a la lluvia o a la niebla, cuando la verdadera causa es que el conductor manejó imprudentemente con condiciones adversas.

2 – Otorgar licencia habilitante sólo a aquellas personas que hayan completado un curso teórico práctico de por lo menos 200 horas, y luego de rendir el correspondiente examen teórico práctico en dependencia municipal, o en aquella dependencia que en un futuro se decida. El hecho de obtener la licencia de conducir no debe ser simplemente un trámite administrativo, debe ser un examen que determine que la persona que va a conducir un vehículo está lo suficientemente capacitada como para no poner en peligro ni su vida ni la de los demás. En el caso de los chóferes profesionales, tanto la capacitación como el examen deben tener una duración de por lo menos el doble de tiempo.

3 – Capacitar a todos los empleados estatales para que sean agentes de tránsito. A partir de esta capacitación se le podría entregar a cada uno una libreta de multas, pudiendo labrar actas sobre hechos de tránsito de los cuales fue testigo. El único tema a dilucidar sería la forma en que se deberían certificar las actas para que sean válidas. Este sólo hecho haría tomar conciencia a muchos conductores, en especial a los chóferes del transporte público urbano, ya que no sabrían si un agente público pude estar observándolos.

4 – Realizar una modificación a la Ley de Tránsito, restringiendo la posibilidad de detención de un vehículo a sólo dos ocasiones: ante un hecho grave donde se sospeche que el vehículo fue participante, o ante el requerimiento de un juez. Esto haría que las direcciones de tránsito dejen de realizar operativos para recaudar y empiecen de una vez a realizarse operativos de control efectivo. En este caso los únicos que podrían hacer operativos serían los jueces, de cualquier fuero y jurisdicción. Si esto fuera aprobado, se podría permitir que para la realización efectiva del operativo el juez pueda elegir la fuerza de seguridad que la lleve a cabo.

Vehículo: El parque automotor actual es caótico. Conviven vehículos de alta gama, con camionetas 4×4, que pueden desarrollar velocidades superiores a los 200 Km/h, con Chevys que dejaron de producirse en 1978 y Rastrojeros que dejaron de producirse en 1979, y que no circulan a más de 60 Km/h. Comparten caminos vehículos con frenos ABS, sistemas de navegación computarizada, Airbags en todos lados, con vehículos con frenos a cinta en las 4 ruedas y sin cinturones de seguridad.

No es mejor la situación si se analizan los vehículos de carga y transporte de pasajeros. Todavía circulan camiones MB 911, 1112 y 1114, que en el mejor de los casos se dejaron de producir hace 20 años. En el caso de los colectivos, si bien las empresas renuevan sus flotas, los colectivos viejos circulan como transportes escolares, o en líneas municipales. Ni hablar de los denominados colectivos “truchos”, que carecen de cualquier control por parte de las autoridades, ya sea por incapacidad o por connivencia.

Esta es el área donde más trabajo hay que hacer, y la que más recursos va a demandar. Pero también es la que mejores resultados va a obtener. Y no sólo en vidas salvadas, sino en recursos gastados en energía, materiales y salud. Por ejemplo, en las autopistas argentinas se mantiene una diferencia de velocidad entre la mínima y la máxima de 80 Km/h, ya que se debe mantener la velocidad mínima de 50 Km/h, por los vehículos viejos. Transportes que, en el mejor de los casos, recorren 200 Km con 20 litros de combustible común altamente contaminante, contra los 300 Km con 20 litros, de los vehículos actuales, que contaminan mucho menos.

Para poder mejorar, actualizar y homogeneizar el parque automotor liviano, de carga y de pasajeros, propongo:

1 – Al igual que a los vehículos que funcionan con gas como combustible, que deben tener vigente la oblea de inspección del equipo para poder recargar combustible, imponer que para poder realizar la carga de cualquier tipo de combustible, el vehículo debe tener vigente la Verificación Técnica Vehicular, o su equivalente provincial. Esta simple medida permitiría que vehículos que no cumplen con las normas básicas de funcionamiento o de seguridad para circular dejen de hacerlo por la vía pública poniendo en peligro la vida de los demás. En este caso es primordial que el derecho de la sociedad se anteponga sobre el derecho individual del dueño del vehículo. No debe primar la excusa de la falta de capacidad económica para la reparación por sobre la seguridad de los involucrados con el tránsito vehicular.

2 – Fijar paulatinamente una antigüedad máxima de 15 años para los vehículos habilitados para circular por la vía pública. Si bien en los países europeos este límite es de 10 años, el lapso de 15 años es aceptable desde el punto de vista de la seguridad y es económicamente viable. Esta imposición debe ser paulatina, siguiendo las siguientes pautas:

  1. a) Si el plan pudiera implementarse, por ejemplo, este año, habría que determinar que a partir del día 1 de enero de 2015, no puedan circular más aquellos vehículos cuyas patentes comiencen con las letras R, S, T, U, V, W y X, ya que éstas identifican a vehículos cuyos modelos son anteriores al año 1995. El 1 de enero del año 2016, no puedan circular los vehículos cuyas patentes comiencen con la letra A, que identifica a los vehículos del año 1995/96, y así hasta que se llegue al objetivo que sólo circulen vehículos con 15 años de antigüedad.
  2. b) Para que pueda implementarse este plan, estos vehículos deben retirarse de circulación. El Estado los debería comprar a monto fijo, según una escala en virtud a su utilización. Por ejemplo, si se pagara 30 mil pesos por un automóvil, se debería pagar 60 mil pesos por un utilitario y 120 mil por un camión o un colectivo. Luego de comprados, se los debe entregar a cooperativas, con sus asociados previamente capacitados, quienes realizaran el desguace del vehículo, separando sus componentes, reutilizándolos y reciclándolos. Este plan hasta aquí es muy parecido al menemista plan canje. La diferencia se encuentra en el origen, el acceso y el destino de los fondos:

b.1) Los fondos surgirán de un fideicomiso que administrará el Banco Nación y que estará compuesto por:

b.1.1) Un porcentaje de los impuestos internos que se cobren por los autos 0 Km que se venderán a partir de la implementación del programa.

b.1.2) Un bono en pesos que se venderá en el mercado, y del que participarán los beneficiados del programa (terminales automotrices, bancos y financieras, grandes empresas constructoras, compañías de seguros, empresas de salud) según figura en el punto b.2 y a los pequeños ahorristas interesados.

b.1.3) Una tasa fija que se cobrará junto con el peaje en todas las autopistas nacionales y en aquellas provinciales que se adhieran, que debería ser de 2 pesos para cualquier vehículo. Los concesionarios comprarían, pagando de manera anticipada, unas estampillas en el Banco Nación que pegarán en cada comprobante de peaje emitido, garantizando así el efectivo cobro, y eliminando la retención indebida de este dinero por parte de los concesionarios. A cambio, el concesionario podría recibir hasta un 10% de comisión por el pago anticipado. Si contamos que en el área del AMBA se mueven algo más de un millón de vehículos por día, se recaudarían un millón ochocientos mil pesos para este fondo, y las concesionarias ganarían doscientos mil pesos extras por día, con lo cuál cierra totalmente el negocio para todos.

b.2) El beneficiario recibirá un cheque del Banco Nación por el valor del vehículo que entrega, que no tendrá destino libre y con el que podrá:

b.2.1) Comprar un vehículo nuevo o usado.

b.2.2) Comprar, ampliar o refaccionar una vivienda.

b.2.3) Comprar un lote.

b.2.4) Escriturar o completar la documentación obligatoria de un bien registrable (planos, posesión veinteñal, etcétera).

b.2.5) Pagar deudas privadas anteriores a bancos y/o financieras.

b.2.6) Pagar impuestos y tasas atrasadas.

b.2.7) Destinarlo a pagar tratamientos de salud, incluyendo los tratamientos estéticos.

Ambiente: En este punto, y debido a la gran inversión que se ha llevado adelante en todos estos años, no hay mucho trabajo para hacer. El lugar más complicado es el AMBA. Una propuesta es la de ampliar los estacionamientos en lugares cercanos al transporte público como trenes y subtes, afectando las tierras linderas a las estaciones.

Vivienda social

En estos años se han construido infinidad de viviendas, tanto desde el Estado como por parte de inversionistas privados, ya que la construcción fue uno de los sectores más beneficiados con el Primer Tomo. Aún así, todavía siguen faltando unos 3 millones de viviendas, la misma cifra que faltaba en 1983.

El cuello de botella más importante que se tiene hoy no son las viviendas, sino la falta de lotes, en especial en el AMBA. Si a eso le sumamos que en la Capital Federal el gobierno macrista no ejecuta los paupérrimos presupuestos destinados a la construcción de viviendas, y que en la Provincia de Buenos Aires existe una ley de ordenamiento territorial que fue modificada en la dictadura, es muy difícil pensar en que sea efectivo ningún plan de construcción de vivienda social. Esto ya quedó demostrado con el plan PROCREAR, que si bien es una solución interesante para conseguir la vivienda familiar, no tiene el efecto esperado porque está estrangulado por la falta de lotes.

La solución en Capital Federal es muy simple, basta con volver al presupuesto en Vivienda que había antes del mandato de Macri, y con hacerlo ejecutar completo, y no porcentajes menores al 20%. La solución se completaría cuando comience a funcionar Acceso al Hábitat, ya que se podría planificar la forma de reemplazar la gran cantidad de viviendas caóticas que hay en las villas y asentamientos porteños, por viviendas que cumplan con todas las normas de habitabilidad.

En la Provincia de Buenos Aires, el tema es más complejo. Desde 1977, está vigente el decreto ley 8.912, que fija las dimensiones mínimas de los lotes, basados en una pretendida defensa del medio ambiente, que genera terrenos exageradamente grandes, quitando la posibilidad de creación de muchas más unidades y fomentando la especulación inmobiliaria.

Según el artículo 52 inciso B de este decreto ley, aún hoy vigente, ningún lote puede tener un lado menor a 12 metros, y una superficie menor a 300 m2. Por lo tanto, según este decreto ley, ningún lote en la Provincia de Buenos Aires puede tener una dimensión menor a 12 x 25 metros. Si se lo modifica, y se permiten lotes de un mínimo de 7 metros de frente, como antes (todavía tantos lotes de 8,66 m., por 20 metros de fondo), se podrían tener muchos más lotes utilizados con fines sociales.

Ahora bien, este lote de 12 metros sólo puede darse en zonas que cuenten con servicios de cloacas y agua corriente, por lo tanto en la mayoría de la Provincia el ancho mínimo permitido es de 24 metros, con lo cual la situación se agrava. Por supuesto que si se quiere encarar un proyecto de construcción privada, estas medidas son totalmente anti económicas. Por eso, en la Provincia de Buenos Aires proliferan los PH amparados por la Ley Nacional de Propiedad Horizontal 13.512, que no respeta estas medidas porque no se utiliza el concepto de lote sino el de unidad funcional.

Ahora bien, esta es una solución para el inversionista, pero no para el habitante, ya que como cada unidad funcional, por más que la compre, sigue estando en el mismo lote que las restantes, cualquier cambio que quiera hacer en su propiedad, debe ser aceptado por el resto de los propietarios de unidades funcionales. En un edificio de departamentos en altura, está bien aplicar este concepto, pero cuando las unidades funcionales son independientes, y no comparten nada más que el lote, sin tener espacios en común o servicios compartidos, como es el caso de los innumerables duplex que abundan en toda la provincia, o de las casitas hechas en el fondo de los lotes de los padres, se debería permitir la creación de nuevos lotes aunque no cumplan con las medidas mínimas.

Este mismo problema afecta por igual al propietario de clase media que compró su duplex en base a su esfuerzo y ahorro, muchas veces pagando cifras siderales, como a quienes comparten un asentamiento de una o varias parcelas, y que por más que tengan pleno derecho, nunca llegan a tener su lote escriturado. Por eso se debe modificar, con carácter urgente, el decreto ley Nº 8.912/77 y flexibilizar las normas para la creación de nuevos lotes y para la regularización dominial de los lotes existentes.

En los últimos años, se hicieron dos intentos por remediar esta situación. La ley 24.464, conocida como Ley Pierri, que permitió la regularización dominial de lotes existentes que no cumplían con los requisitos de la ley, para ocupantes con una antigüedad mayor a los 10 años, mediante la tramitación de la posesión por 20 años, con costos a cargo del Estado. Esto permitió la regularización y la creación de nuevos lotes, ya que en la posesión por 20 años uno es dueño de lo que posee, coincida o no con las dimensiones del lote originario. El problema es que hoy esa ley perdió vigencia, ya que establece una fecha tope para la posesión que es anterior al 30 de junio de 1994, con lo cual las personas que cumplen con los requisitos ya tienen los 20 años de posesión solicitados por la ley común.

La segunda norma es más reciente, es la ley provincial 14.449, que data del 9 de enero de 2013, conocida como Ley de Acceso Justo al Hábitat, y que permite la creación de lotes que no respeten el decreto ley 8.912/77, pero sólo si se cumplen con determinadas condiciones, quedando esta decisión, entonces, al arbitrio de las autoridades de turno, y aplicable sólo en los casos allí descriptos, dejando fuera de la ley a numerosos habitantes de barrios humildes, que no son considerados asentamientos.

Por todo lo expuesto, en la Provincia de Buenos Aires, lo primero que debemos hacer si pensamos en construir vivienda social, es modificar el decreto ley 8.912/77, reduciendo las dimensiones mínimas de los lotes para poder ampliar así la oferta y reducir los costos y luego sí, comenzar con una serie de acciones que va a permitir reducir drásticamente el déficit habitacional:

1 – Lanzar una campaña, parecida a la que se lanzó con la Ley Pierri, para fomentar la escrituración de lotes existentes, a sus actuales poseedores. Incluir en esa tramitación de la regularización dominial, la actualización de toda la documentación requerida para una vivienda, como plano de obra e impuestos provinciales y municipales, permitiendo que el nuevo propietario pueda acceder rápidamente a un préstamo hipotecario que le permita el mejoramiento del hábitat o el cambio de vivienda por una de mayor calidad.

2 – Encarar un programa de construcción masiva de viviendas por parte del Estado, con la utilización de nuevos materiales, primando aquellos que provienen del reciclado de residuos sólidos urbanos, mediante un sistema de autoconstrucción. Incluir en estos planes no solo la compra de la vivienda, sino también el canje por una vivienda de menor valor, para lograr, al mismo tiempo, conseguir nuevos lotes para la construcción de unidades localizadas en los barrios existentes. Esto incluiría el canje de viviendas existentes en asentamientos sin infraestructura social y de la que podrían participar quienes tuvieran los derechos posesorios.

3 – Mantener el plan PROCREAR, el que se verá potenciado por la creación de nuevos lotes e incluir créditos para la compra de estos lotes. Uno de los problemas actuales que hacen también encarecer los lotes, es que no existen líneas de crédito para la compra de lotes como había antaño, ni por financiación estatal, ni por financiación privada. Esto en gran medida se debe a que el precio de los lotes se incrementó tanto, que ya el lote no sirve como garantía para un préstamo hipotecario. También se debería revisar la norma que establece que para cualquier crédito debo entregar en garantía el triple del valor prestado.

Seguridad pública

Este tema, que comúnmente se denomina inseguridad, es un tema al cual los kirchneristas le escapamos, y es el caballito de batalla con el que nos pega la oposición. En parte, porque no tenemos una respuesta adecuada; en parte, porque no es aceptada por una importante porción de la población que se pueda atacar la inseguridad y respetar los derechos humanos.

Permítanme pensar por un ratito como un massista que cree que esto se soluciona con más policías, más patrulleros y más camaritas. Para una persona así, el único camino de garantizar la seguridad pública es mediante la represión y el escarnio público. Agitan dos frases que identifican muy bien su forma de pensar, que no estoy seguro que por muy repetidas sean ciertas: “Cómo dijo Fidel Castro, el problema se arregla con 5000 ladrillos. Vas a ver cuando fusilés a un par de ladrones en una plaza a la vista de todos, como se arregla el problema”. “Acá en vez de defenderse el derecho de las victimas se defiende el derecho de los delincuentes. Si a mí un chorro me mata un hijo, te crees que voy a pensar en los derechos humanos, yo voy y lo mato ahí nomás a ese hijo de puta. El que mata tiene que morir”. En realidad hay muchas frases más, pero aunque me ponga en la piel de ellos, me dan tanto asco que no puedo escribirlas.

Ahora bien, cómo ataco el problema de la inseguridad. Partamos de que la inseguridad es una sensación. Cuando uno dice esto enseguida te atacan diciendo que uno quiere ocultar el delito. No es así, el delito existe, pero más allá del índice alto o bajo, no significa que la inseguridad no sea una sensación, que no depende de la cantidad o la peligrosidad del delito, sino de la percepción de la población. El ser humano está más seguro cuando es niño y está en los brazos de su madre. Ahora bien, si yo vengo y en los brazos de su madre mato a ese niño, va a morir sintiéndose seguro, no va a sentir la sensación de inseguridad. Igualmente el hecho violento ocurrió. En cambio uno puede vivir con miedo y perseguido toda su vida, aunque jamás haya sufrido ningún delito o crimen contra su persona. Cuando se les pregunta cuándo fue la última vez que fueron asaltados, el 70% dice que hace más de 5 años que no sufren ningún hecho, pero igual se sienten inseguros.

Entonces, cómo arreglamos esto. Hay dos caminos: el fácil y el difícil. El fácil, que es el que aplican actualmente Sergio Massa y Mauricio Macri, es el de pagar a los medios de comunicación para que no informen los delitos que se cometen en su distrito, que es la misma estrategia que utilizó la dictadura. Con la única diferencia de que en esa época se usaba para amedrentar y censurar a la prensa, además de comprarla. Al mismo tiempo, mostrar todos los delitos posibles que pasan en otros territorios, cuanto más sangre tenga mejor. Luego, salen a decir incansablemente que en sus distritos, cuando se captura un delincuente es por los elementos dispuestos por ellos, como las camaritas, negando el accionar virtuoso de las policías de las otras jurisdicciones. Con eso intentan demostrar que es más seguro vivir en el distrito que administran, donde nadie se siente inseguro, aunque sean victimas de hechos delictivos. En ese caso no es un problema de inseguridad, sino una falla en el sistema.

Lo que hay que hacer entender a la población es que el tema de la seguridad se soluciona atacando todas las causas que generan el delito, no sólo reprimiendo, o matando al delincuente. Algunas medidas para que haya mayor seguridad que propongo son estas:

1 – Cambiar el sistema judicial, para que penalice el delito y no sólo al crimen. Si una persona mata alguien con un auto por conducir ebrio, o si una empresa nos estafa cobrándonos servicios que no pedimos, o si un supermercado nos esconde los productos con precios cuidados, o si alguien, mediante amenaza nos saca parte de nuestro sueldo, aunque sea el puntero político de la zona, está cometiendo un delito y debe ser condenado. No debe ir preso sólo el chorro que te afana con un revolver, deben ir todos los que cometen delitos. O si no van presos, por lo menos deben recibir el castigo que imponga la ley. No puede ser que la mayoría de los que cometen esos delitos estén libres por tener plata para pagarse abogados caros y los perejiles estén presos por pobres.

2 – Capacitar al personal policial para que sepa como actuar en cada ocasión, sacando al policía corrupto que pudre la manzana, inventando causas a inocentes. Cuando alguien cae en una comisaría por cometer algún delito, la amenaza que usa el oficial no es quédate tranquilo porque te voy a matar o porque te voy a pegar. Les dicen quédate tranquilo porque sino “te escribo”. Eso significa que si uno no hace lo que el policía quiere, les inventan una causa y no sale más de la cárcel. Ahora bien, su quien cometió el delito hace lo que quiere la policía, en dos horas está afuera aunque haya degollado una familia entera, porque seguro que el informe va a tener una falla que va a obligar al fiscal a liberarlo, y hasta a pedirle perdón por haberlo demorado. La única forma de desmantelar esto es poner a civiles al frente de las comisarías y que sean elegidos por el pueblo mediante el voto. La policía y las fuerzas de seguridad están a nuestro servicio para cuidarnos, no están para manejar a la justicia y para auto controlarse.

3 – Implementar la doble escolaridad en el nivel primario y el secundario. Cuando más tiempo pase un chico y un adolescente en la escuela, más lejos estará de quienes los captan para el delito. Si a eso le sumamos que en doble turno se podría implementar la práctica de deportes y el apoyo escolar, lograríamos además que los chicos no abandonen el colegio por repitencia o por no entender lo que están aprendiendo. Esto por sí sólo no garantiza el descenso del delito, pero es una ayuda importante, además para aquellos padres que por tener que trabajar dejan a los chicos solos la mayor parte del día y a merced de quienes los conducen al delito.

4 – Aumentar los programas de inclusión de los jóvenes, en especial de aquellos grupos que mayor riesgo tienen. Implementar programas de seguimiento personalizado de jóvenes con problemas, volviendo a dotar al Consejo del Menor y la Familia de herramientas que resultaron muy efectivas, como el Programa de Pequeños Hogares, donde se designaban madres sustitutas a niños en riesgo, en hogares de no más de ocho chicos. Este programa fue desarticulado por la nefasta Graciela Fernández Meijide, y nunca más se volvió a implementar.

5 – Revalorizar la familia. En esto debemos ser claros, no estoy poniendo un concepto religioso sino tomando a la familia como la menor división de la sociedad. Hoy muchas mujeres trabajan la misma cantidad de horas que sus parejas, o tal vez más horas, no como una batalla ganada en la igualdad de género, sino porque es la única forma en que se puede llegar a fin de mes. Eso trae como problema que en esa casa, si no hay un abuelo que cumpla ese papel, nadie tomé el rol de jefe de la casa, y en ese caso los niños y adolescentes terminan teniendo que tomar decisiones para los que no están preparados. El Estado debe garantizar que cada menor tiene un adulto responsable que lo cuide a cada momento. Si no pueden ser sus progenitores, o un pariente cercano, entonces deberá crear y mantener guarderías para que personal altamente capacitado sea quienes cuiden a los menores, y no sólo a niños, sino hasta la mayoría de edad. En cada caso, quienes los cuiden recibirán la capacitación específica según la edad. No podemos permitir más que un menor de edad puede tener a su alcance cigarrillos, drogas, alcohol o armas. El Estado debe ser el garante de que eso suceda y debe arbitrar todos los medios necesarios, para evitar que la policía tenga que actuar reprimiendo.

Aplicando estos puntos descriptos, más muchos otros que seguramente faltan, conseguiríamos bajar mucho el delito y reducir la sensación de inseguridad sin tener que pagarle a ningún diario ni a ningún canal de televisión, sino usando ese dinero adonde debe ir, que es a la sociedad, tratando siempre de conseguir el anhelo de todo peronista, que es la justicia social.


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